domingo, 21 de agosto de 2016

Brasil a las puertas de una nueva crisis

Los destinos del país más grande de América del Sur están en un puñado de decisores con una trayectoria bastante gris: 35 de los 81 senadores que votaron la última sesión del impeachment están acusados de corrupción.





El trastocado proceso de enjuiciamiento a la presidenta constitucional de Brasil, Dilma Rousseff, tiene los días contados.

La mandataria, apartada del cargo desde el pasado 12 de mayo, le habló por primera vez a quienes tienen la responsabilidad histórica de frenar el golpe o de continuarlo. En una alocución en vivo por la red social Facebook pidió a los senadores, que este 25 de agosto iniciarán una votación de lo que parece ser su separación definitiva, que no la condenaran por un crimen que no cometió.
Todos sabemos que existe un impase generado por el agotamiento del sistema político, el número excesivo de partidos, prácticas políticas cuestionables, dijo la líder del Partido de los Trabajadores (PT), quien abogó también por una “profunda transformación de las reglas vi­gentes”.
Públicamente, anunció su “apoyo irrestricto” a la convocatoria a un plebiscito para consultarle a los brasileños la realización de elecciones generales anticipadas. También optó por reformas políticas y electorales, de poder terminar los dos años que le quedan de mandato.

Las propuestas de Rousseff para solucionar la profunda crisis política y económica que vive el país son positivas pero llegan cuando el daño sobre su capital político ya está hecho. Ella había tocado el tema del plebiscito en algunas de las entrevistas que ofreció. Los analistas dicen que esta es quizá la más complicada de las medidas porque conlleva una modificación de la Carta Magna, cuestión que obviamente debe ser aprobada por un Congreso en su contra.
El llamado de la exguerrillera puede caer en saco roto si se tiene en cuenta la última votación del pasado 9 de agosto.

Las esperanzas de que concluyera el proceso iniciado hace ocho meses se esfumaron ese día cuando 59 senadores votaron a favor del informe del relator de la Comisión Especial, Antonio Anastasia. El extenso documento dio luz verde a continuar el impeachment contra Rousseff por supuestas irregularidades fiscales en el presupuesto de los años 2014 y 2015. Su destitución permanente requiere de una mayoría de dos tercios, o 54 votos en el Senado. Si eso ocurre será inhabilitada para ocupar cargos públicos durante ocho años.
La última sesión plenaria de la Cámara Alta estará dirigida por el presidente del Supremo Tri­bunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski. A partir del próximo 25 de agosto, una comisión especial recopilará todas las pruebas en contra de la mandataria y se escuchará a las dos partes. Se votará cuando estén los resultados de ese proceso.

Los destinos del país más grande de América del Sur están en un puñado de decisores con una trayectoria bastante gris: 35 de los 81 senadores están acusados de corrupción. Este es un cáncer que ha carcomido a la sociedad brasileña y ha salpicado a peces gordos incluido el propio presidente interino Michel Temer y su brazo derecho e impulsor visible de todo el circo: Eduardo Cunha.
En apenas tres meses de mandato, Temer ha anunciado el país que viene con él en la silla presidencial: recortes al gasto público, privatizaciones en salud, educación; aumento de la edad para la jubilación y una revisión “exhaustiva” de los programas sociales implementados durante los gobiernos petistas.

Lo que sí no tendrá Temer es una presidencia pacífica. Y mucho menos se enfrentará a la calle. De hecho, anunció que no asistirá a la clausura de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro por temor a ser abucheado.
Una Rousseff apartada definitivamente —un golpe de Estado consumado— significaría un retroceso de la democracia brasileña y una bofetada a los 54 millones de ciudadanos que votaron por la continuidad de la alianza petista en las pasadas elecciones. Sería una prueba también de que los golpes de Estado “modernos” no precisan de fusiles, sino de un puñado de parlamentarios prestados al juego político en contra del derecho de la mayoría.

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